Acoso sexual por parte de docentes y servidores públicos se perseguiría de oficio

Las y los diputados integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, aprobaron por unanimidad reformas que adicionan un segundo párrafo al artículo 181 y un sexto párrafo al artículo 182 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, para sancionar el acoso sexual cuando es cometido por servidores públicos y docentes, presentada por el diputado Cándido Ochoa Rojas, informó la diputada Sonia Mendoza Díaz presidenta de la Comisión legislativa.

En sesión de trabajo por la vía virtual, los diputados Sonia Mendoza Díaz, Marite Hernández Correa, Paola Alejandra Arreola Nieto, Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, Edgardo Hernández Contreras y Rubén Guajardo Barrera, avalaron el dictamen que sanciona las conductas que trasgreden la integridad y dignidad de las personas y atentan contra la libertad sexual.

Es así que se establece que “comete el delito de acoso sexual, quien en ejercicio abusivo de poder que conlleve a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, la asedia, acosa, o le demanda actos de naturaleza sexual con fines lascivos, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. También comete este delito, quien, habiendo sido rechazado por el pasivo, insiste en invitarlo a cualquier lado”.

En la exposición de motivos se establece que “ninguna persona debe ser hostigada, molestada o acosada, sin embargo, es una realidad actual que existen personas que no respetan ello y se creen con el derecho de decirle, a la víctima cualquier expresión relacionada a su físico generalmente, o hacerle insinuaciones lascivas, generándole incomodidad, malestar y molestia”.

Al respecto, la diputada Paola Arreola Nieto expuso que “este dictamen establece que, cuando sucede un delito de hostigamiento o acoso sexual, se persiga de oficio y no solamente por denuncia de la víctima, de tal manera que ya no quedaran impunes las conductas cometidas por un servidor público o docente, que tiene agravantes por el grado jerárquico que pudieran ejercer contra la víctima. Ahora, la Fiscalía deberá proceder de oficio”.

Asimismo se tomó el acuerdo de analizar y votar el dictamen en comisiones unidas de Justicia y Gobernación, relacionado a la resolución emitida por el Primer Tribunal Colegiado en materia civil y administrativa del Noveno Circuito a favor de la licenciada Adriana Monter Guerrero, quien se inconformó por no ser evaluada para el proceso de elección de magistrados supernumerarios del Poder Judicial del Estado.

Los legisladores aprobaron por unanimidad emitir un dictamen positivo para la creación de un Juzgado Familiar en el Centro de Justicia para las Mujeres que más asuntos atienda, de los cuatro que existen en el estado, a fin de ofrecer una atención integral a las mujeres que son víctimas y acuden en busca de ayuda; el impacto presupuestal sería de 17 millones de pesos y posteriormente se buscará la forma de lograr los tres restantes, informó la diputada Beatriz Benavente, impulsora de la propuesta.

En la sesión de trabajo se aprobó el dictamen de la iniciativa presentada por el diputado Eugenio Govea Arcos para reformar el artículo 294 en sus párrafos primero y séptimo y 295 en su párrafo primero del Código Penal del Estado, para sancionar conductas que atenten contra el derecho ambiental y cuidado del medio ambiente.

También por unanimidad se aprobó la iniciativa de reforma al Código Penal presentada por la diputada María del Consuelo Carmona Salas, para sancionar el delito contra la identidad de las personas con penas más severas, cuando quien lo cometa sea servidor publico o bancario, de una institución financiera o crediticia, ya que tienen acceso a información y datos personales de los clientes.