En reunión de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género del Congreso del Estado, que preside el diputado Pedro César Carrizales Becerra, se aprobó la iniciativa por la que se expide la Ley para la Protección de Madres, Padres y Personas Tutoras en Situación de Soltería para el Estado de San Luis Potosí; presentada por la diputada Sonia Mendoza Díaz; y las ciudadanas Blanca Estela Gardea, Mónica Fabiola Rodríguez Herrera, Clara Joaquina Méndez Escobar, Reyna Asminda Solís Guzmán, Esmeralda Bustamante Mendoza, y Miriam Souverbille Martínez.
Dicha legislación, que tiene como fin de establecer que se privilegie el interés superior del menor, la definición de la madre, padre soltero y tutor; así como adicionar la perspectiva de género.
Además, busca establecer una mejor coordinación de las diferentes instituciones estatales, mediante la creación de una comisión apoyada por el Gobernador del Estado, y apoyada por un secretario técnico, para el tratamiento sistémico de los asuntos relacionados con las madres, padres y tutores solteros, y que apoyen en la implementación de políticas públicas que deriven en programas para beneficio de estos sectores de la sociedad.
También fue aprobada la iniciativa propuesta por el diputado Martín Juárez, para reformar diversos artículos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí, para perfeccionar disposiciones sobre la adopción, como derecho a vivir en familia para niñas, niños y adolescentes, con base en lo establecido en la legislación federal.
Con esto se busca que la adopción sea un proceso más ágil, para la resolución de procesos sobre patria potestad y resoluciones de adopción. En este sentido, se acordó hacer también las modificaciones pertinentes al Código Familiar del Estado, para la presentación del dictamen completo.
Finalmente, se aprobó la propuesta de Acuerdo Económico de la Comisión de Derechos Humanos, que plantea establecer los lineamientos para que el Congreso del Estado lleve a cabo consulta pública de las personas con discapacidad, para el estudio y resolución de las iniciativas presentadas en torno a los temas que atañen a las personas con discapacidad; así como sus lineamientos para la comprobación de gastos derivado de la consulta pública de las personas con discapacidad.
La propuesta será presentada a la Junta de Coordinación Política para su análisis.
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