La extradición de Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal y quien es buscado por la Fiscalía General de la República (FGR), por tortura y desaparición forzada en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, está atorada porque no existe convenio con Israel, donde presuntamente se encuentra el exfunionario, informó Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas, en entrevista con medios de comunicación al concluir la reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

“Es complicado porque no hay tratado de extradición. Ahí lo que se tiene que buscar es que el Gobierno Federal trabaje para ver cómo se le expulsa del país porque no hay tratado de extradición”.

Al respecto, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, acotó que es un asunto que está viendo directamente la FGR, y “creo que está haciendo las gestiones necesarias”.

Durante la reunión, que duró alrededor de dos horas, también se les dio un corte sobre las órdenes de aprehensión, de las 80 liberadas, entre 30 y 40 han sido ejecutadas.

“Dentro de las ejecuciones más relevantes figuran la del capitán (José) Martínez Crespo, la del ‘Mochomo’ (José Ángel Covarrubias, líder del cártel Guerreros Unidos), la de Carlos Gómez Arrieta (ex titular de Policía Federal Ministerial), la de un abogado del grupo criminal Guerreros Unidos y de una ministerio público federal habría participado en la llamada verdad histórica”, detalló el abogado.

Destacó que en el caso del capitán, el primer militar detenido por el caso, hay pruebas de que omitió presentar pruebas del caso ante la ahora FGR.

“La imputación que se le realiza es por delincuencia organizada. Los datos de prueba indican que él habría tenido un vínculo con el grupo delictivo Guerreros Unidos pero nosotros estamos pidiendo a la Fiscalía que trabaje más en el tema que tiene que ver con la desaparición forzada, como un elemento que pueda vincularlo con el caso directamente de Ayotzinapa.

“¿Qué tenemos de eso? Lo que tenemos es que él sí estuvo presente en varios escenarios de agresión, él conoció perfectamente lo que estaba sucediendo con los estudiantes, supo de la agresión y omitió tomar medidas al respecto, él tuvo en sus manos acervo probatorio que no lo aportó a la fiscalía, tuvo en sus manos el conocimiento de lo que estaba pasando con los estudiantes y soslayó tomar medidas al respecto. Se trabaja en eso para que pueda ver una imputación en ese respecto”.

Sobre el resto de las órdenes pendientes de ejecutarse, indicó que no se les compartió el dato contra quiénes son.

Con lo anterior, el litigante concluyó que el balance de la reunión es positivo, y se agendó una próxima para enero y definir compromisos a lo largo de 2021. Sin embargo, los padres “siguen poniendo el acento en que no se tiene hoy por hoy dilucidado lo que habría ocurrido el 26 y 27 de septiembre, y eso es un pendiente que está ahí”, lo cual fue reconocido por el Presidente.

Doña Cristina Ascencio, madre de Benjamín, manifestó que se tiene fe: “Se está trabajando, están demostrando, entonces madres y padres tenemos la fe y la esperanza de que pronto vamos a alcanzar la verdad y se haga justicia”.

De forma virtual, en la reunión estuvo presente el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero e integrantes del Consejo de la Judicatura Federal.

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