Periodistas piden Ley de Protección que prevenga violencia, impunidad y revictimización

Definir la gobernanza de órganos locales de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas; revisar el entorno jurídico para prevenir agresiones; así como establecer un contacto directo con el mecanismo federal de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas; son algunos de los aspectos que expusieron especialistas de las organizaciones Artículo 19 y Comunicación e Información de la Mujer A.C. (Cimac), sobre el proyecto de Ley de Protección al Ejercicio de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, actualmente en discusión en el Congreso de San Luis Potosí.

Al participar en el conversatorio Propuestas de Modificación y Observaciones al proyecto de Ley de Protección al Ejercicio de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Itzia Miravete Veraza, coordinadora de Prevención e Incidencia de la organización Artículo 19, refirió que es necesario que la Ley contemple la generación de políticas públicas que prevengan agresiones contra defensoras y periodistas, además de diseñar mecanismos efectivos de protección y acceso a la justicia para las víctimas.

Miravete Veraza consideró necesario asumir que centrar la protección en el análisis de riesgos físicos a los que se enfrentan periodistas y personas defensoras, es un enfoque superado, por lo que sugirió ampliarlo a un análisis con perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad, en el que caben agresiones y riesgos que se configuran en el entorno digital o simbólico.

También, dijo, es necesario ampliar el concepto de personas defensoras de derechos humanos para que no se centre únicamente en personas integrantes de asociaciones civiles, pues, por ejemplo, las personas que buscan a sus familiares desaparecidos también deben ser consideradas.

A su vez Lucía Lagunes Huerta, directora de Cimac e integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo Federal de Protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, mencionó que, si bien este proyecto de Ley busca integrar el acuerdo de la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago) de crear Unidades de protección, eso no significa que cada entidad deba contar con un mecanismo de protección.

Justificó la observación al señalar que el 60 por ciento de las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas se comete por parte de autoridades estatales y municipales, es decir, quienes tendrían la obligación de protegerles de esas violencias.

De esta manera, dijo, también se evitaría duplicar acciones entre la federación y el estado que compliquen el dar protección a periodistas y personas defensoras; además, apuntó la necesidad de acotar la gobernanza de los órganos locales de protección, pues actualmente no está claro en el proyecto de ley que se analiza y que fue presentado por el gobernador Juan Manuel Carreras y el diputado Edgardo Hernández Contreras.  

Lagunes Huerta consideró vital que el órgano local de atención a denuncias de periodistas tenga autonomía de las instituciones del Estado y claridad en la elección de sus integrantes; y también coincidió con Artículo 19 al señalar que la protección debe ir más allá del aspecto físico pues en muchos casos se emplean procesos judiciales para intimidar a periodistas y personas defensoras de derechos humanos: “en donde el chaleco antibalas no va a funcionar”, apuntó.

Por parte de la Red de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí se enunció la necesidad de contar con suficiencia financiera y humana para que los planteamientos de la ley se ejecuten de la mejor manera y clarificar, en su caso, el uso de los recursos.

La RMPSLP, en voz de María José Puente Zavala, mencionó que a casi dos años de la creación de la agrupación se han documentado 17 agresiones a periodistas, de las cuales 15 involucran a funcionarios municipales o estatales como los responsables y durante el desarrollo del propio conversatorio se dio cuenta de dos agresiones más hacía periodistas que en ese momento vertieron sus testimonios.

La titular de la Comisión de Derechos Humanos Igualdad y Género en el Congreso local, Marite Hernández Correa, se comprometió ante los periodistas y las personas defensoras de Derechos Humanos, a atender las observaciones y sugerencias de modificación al proyecto de Ley antes de que este sea dictaminado en la comisión que dirige y posteriormente canalizado al Pleno para su votación.