San Luis Potosí.- A partir de la reforma laboral aprobada por el Congreso de la Unión el primero de mayo de 2019, se construyeron los cimientos de un nuevo modelo de justicia laboral para nuestro país.
Esta reforma implica entre otras cosas, transitar a una democracia sindical efectiva, instaurar una negociación colectiva auténtica en la que los contratos colectivos de trabajo y sus revisiones serán aprobados por mayoría, mediante voto personal, libre, directo y secreto. Asimismo, significa pasar de una justicia laboral lenta, hacia procedimientos mucho más ágiles que estarán a cargo de tribunales laborales adscritos al Poder Judicial, dotados de autonomía e independencia en sus decisiones.
En la primera etapa de implementación de este nuevo sistema de justicia, los estados de Campeche, Chiapas, Durango, Hidalgo, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas, iniciarán su operación a partir del próximo mes de noviembre; en el entorno nacional, este proceso será paulatino, concluyendo en el año 2022.
En el diseño del Sistema de Justicia Laboral, el Gobierno Federal contó con la asesoría de juristas y abogados laboralistas, así como de un grupo de especialistas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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