El Edificio Central de la UASLP fue sede de la firma del Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, acto encabezado por el rector, Dr. Alejandro Zermeño Guerra, y el presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, Lic. Claudio Alberto Alvarado Barragán.

Como testigos del acuerdo estuvieron presentes los magistrados María Eugenia Reyna Mascorro, Jorge Vera Noyola, y María Olvido Rodríguez Vázquez; de la UASLP, el secretario general, Mtro. Federico Arturo Garza Herrera; el Mtro. Fernando Robledo Blanco, jefe de Posgrado de la Facultad de Derecho; el Lic. Germán Pedroza Gaitán, director de la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija; y el Mtro. Joel González de Anda, abogado general.

El acuerdo es una expresión del interés de la institución educativa porque se continúe dando respuesta a la sociedad en algo tan sensible como es el tema de la justicia. Un acto jurídico que significa una plataforma de despegue en materia de vinculación entre la UASLP y los órganos de justicia del Estado.

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Al hacer uso de la palabra, el doctor Alejandro Javier Zermeño Guerra, subrayó que las dos instituciones tienen diversos objetivos en común, destacando siempre el bienestar social. Dijo también que estos acuerdos permiten a los estudiantes y académicos aprender del funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa, y viceversa.

En su mensaje, el licenciado Claudio Alberto Alvarado Barragán, manifestó que uno de los objetivos de su gestión es lograr este tipo de actividades para fortalecer el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, desde los trabajadores, porque así lo requiere el servicio público, estar en una actividad de constante profesionalización para la adecuada impartición de justicia.

El Convenio Marco de Colaboración contempla relaciones académicas, proyectos de investigación e intercambio científico y tecnológico, intercambio de material bibliográfico, audiovisual, acceso a actividades académicas mediante becas u otros mecanismos que privilegien el acceso, tomando en consideración el cargo de los servidores públicos.

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