Se deben proponer alternativas de garantía presupuestaria para la rápida y eficaz implementación de las medidas de protección a quienes enfrentan graves riesgos por ejercer la libertad de expresión o el derecho a defender derechos humanos.
La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH), mostraron su preocupación ante el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados, que desaparece el Fideicomiso del Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, mismo que está destinado a implementar medidas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en riesgo, como consecuencia de su labor.
Destacaron que de acuerdo con el Observatorio de Asesinatos de Periodistas de la UNESCO, México es el segundo país del mundo con un mayor número de periodistas asesinados, sólo detrás de Irak. Durante los años 2019 y 2020, México concentra 18 de los 96 casos de asesinatos de periodistas registrados por la UNESCO. En 2019, la ONU-DH documentó un total de 20 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y la desaparición de dos defensores; mientras que en lo que va del año, la ONU-DH ha documentado el asesinato de siete personas defensoras de derechos humanos.
También recuerdan que México ha recibido al menos 425 recomendaciones realizadas por 27 organismos e instancias de derechos humanos del Sistema Universal y del Sistema Interamericano, relacionadas con la situación del ejercicio del derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión. Sólo en 2018, los países participantes en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU realizaron 21 recomendaciones a México relativas al Mecanismo de Protección, 17 de ellas relacionadas con la necesidad de dotar al mismo de los recursos adecuados para garantizar su eficacia.
Agrega que el actual fideicomiso, Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ha demostrado ser un instrumento útil para contribuir a la rápida implementación de las medidas de protección en casos de extrema urgencia en todo el país, por lo que llaman a garantizar los derechos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos hasta el máximo uso de recursos disponibles para que cualquier reforma a este marco legal garantice que se mantengan o se fortalezcan estas características.
Por ello dichas instituciones observan con preocupación que el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados no aborde estos aspectos y elimine el Fideicomiso sin proponer alternativas de garantía presupuestaria para la rápida y eficaz implementación de las medidas de protección a quienes enfrentan graves riesgos para su vida e integridad por ejercer la libertad de expresión o el derecho a defender derechos humanos.
Sugieren al Senado de la República un profundo análisis y la convocatoria de una participación amplia en el proceso de dictamen, con el objetivo de valorar y prevenir posibles consecuencias negativas sobre la vigencia y protección efectiva de los derechos humanos.
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