El matrimonio y concubinato entre personas del mismo sexo ya es una realidad en 31 estados del país.

Y es que con 38 votos a favor, seis en contra y dos nulos el Congreso de Guerrero aprobó este martes reformas al Código Civil, el Código Procesal Civil y la Ley del Registro Civil, con lo que se reconoce los derechos y obligaciones de dichas uniones en todas las personas mayores de 18 años, sin discriminación alguna.

Cabe mencionar que la iniciativa de ley que propuso el diputado con licencia, Jacinto Rodríguez Varona y la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloctizn Domínguez Serna, ambos del partido Morena, apareció sorpresivamente en el orden día para su primera lectura.

Al término de la primera sesión, se convocó a la segunda sesión donde se obvió la segunda lectura y de manera directa se fue a la discusión y votación que fue por cédula; es decir, de forma secreta.

Al tomar la palabra, Yoloczin Domínguez aseguró que más allá de las creencias personales, formación social e ideológicas, se debe considerar que todas las personas son iguales y tienen los mismos derechos.

Mientras que la priista Julieta Márquez, quien al parecer voto en contra, afirmó que la reforma debió haberse sometido a consulta ciudadana y discutirse con mayor profundidad, por el gran impacto que representa y las repercusiones que traerá a futuro.

Con esta aprobación, sólo queda Tamaulipas como el único estado que falta en legalizar el matrimonio igualitario y de acatar así los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN).

Mención especial para Aguascalientes, pues el matrimonio esta como trámite ante el registro civil sin necesidad de amparo pero en la entidad no ha aprobado la reforma en la Constitución.

En los últimos años, la ola de color arcoíris ha sido imparable en todas las zonas del país. Todo comenzó en 2009, cuando la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal reconoció el matrimonio entre personas del mismo sexo, al definirlo como la “unión libre entre dos personas”.

La capital del país legisló años antes de la histórica decisión de la SCJN, que en 2010 resolvió que el matrimonio, “definido como la unión exclusivamente entre un hombre y una mujer, con fines de procreación, es inconstitucional y promueve la desigualdad”.

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