El gobierno mexicano se encuentra en búsqueda de recuperar el control ferroviario con miras a fijar un plan rector de 50 años tanto para transporte de carga como de pasajeros. El proyecto por el que se pretende llegar a esto lleva el nombre de Gran Visión Sistema Ferroviario Mexicano y es desarrollados por la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF).

El planteamiento principal de este proyecto es “iniciar la transformación del sector por la falta de competitividad regional que existe y afecta a industrias y ciudadanos”.

De acuerdo con el documento al que tuvo acceso el periódico El Universal, en este plan también está participando la Dirección General de Estudios, Estadística y Registro Ferroviario Mexicano de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

El documento estipula que exista un marco legal, regulatorio y fiscal que ofrezca beneficios para todos los sectores y no solo aquellos que “toman decisiones siguiendo sus intereses”.

La operación ferroviaria en México está concentrado en dos empresas que tienen en su poder el 81.5% de la red, mientras que el otro 18.5% pertenece a siete concesionarios que incluyen participación federal o estatal.

Sin embargo, los dos grandes propietarios de ferrocarriles también cuentan con participaciones menores en el porcentaje que no lideran.

Los gigantes concesionarios son Ferrocarriles Mexicanos (Ferromex) y Kansas City Southern de México y concentran 8 mil 122 y 4 mil 250 kilómetros de vía que se estima tiene una longitud de 17 mil 385 kilómetros.

Los otros participantes son Ferrosur (mil 607 km), Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (2 mil 44 km), Línea Coahuila-Durango ( 996 km), Ferrocarriles Terminales del Valle de México (287 km), Administradora de la Vía Corta Tijuana-Tecate (71) y Gobierno de Puebla (8).

Los gigantes concesionarios son Ferrocarriles Mexicanos (Ferromex) y Kansas City Southern de México y concentran 8 mil 122 y 4 mil 250 kilómetros de vía que se estima tiene una longitud de 17 mil 385 kilómetros.

El ARTF considerando que existe una demanda no atendida de transporte ferroviario de carga y pasajeros que se podría solventar considerando lo siguiente:

La demanda de carga terrestre podría alcanzar el 49%, es decir el movimiento de 122 mil 91 millones de toneladas-kilómetro para 2030. Mientras que en el transporte de pasajeros se estima una cantidad superior a los mil 200 millones de usuarios en el mismo periodo.

Por otro lado, el documento hace hincapié en que existen aproximadamente 3 mil 525 kilómetros de vía que se encuentran en desuso, pues fueron concesionados y posteriormente abandonados por no ser lucrativos.

El proyecto se plantea bajo el supuesto de que el sistema ferroviario ha venido trabajando bajo un sistema de aciertos y fracasos que se contraponen con objetivos y necesidades nacionales.

Considera que los concesionarios que permean este mercado han realizado alianzas de manera estratégica y fusiones que les permitieron garantizar “mejores condiciones para la prestación de sus servicios evitando y asegurándose condiciones de competencia beneficiosa para rutas de alto flujo de mercancías”.

También se identificó que estas empresas desincorporaban de sus concesiones los tramos que resultaban poco lucrativos para reducir gastos de mantenimiento de la red y evitando inversiones requeridas.

Por otro lado, destaca que también los grupos de delincuencia organizada han venido fraccionando u ocupando estos terrenos de forma ilegal en tramos o edificios abandonados. Algo que se vio facilitado “debido a la carencia de instrumentos de gobierno, de certidumbre jurídica y de atribuciones”.

Tan solo de enero a marzo de 2020 de las 31 millones 409 mil toneladas movidas por este medio, más de 26 millones fueron desplazadas por las dos grandes concesionarias a las que el gobierno intenta quitar el control de la red.

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