Una jueza de Nayarit ordena la suspensión definitiva de la construcción del polémico estadio de futbol donde estaba la Ciudad de las Artes

Carlos S. Maldonado

Vía: El País

La cultura logró un importante triunfo en Nayarit. Una jueza del Estado ha ordenado este lunes la suspensión definitiva de la construcción de un estadio de futbol que promueve el gobernador Miguel Ángel Navarro, de Morena, tras la destrucción del complejo cultural Ciudad de las Artes, en cuyo terreno el gobernante pretendía edificar la nueva infraestructura. El fallo judicial, emitido por la jueza Gabriela Hernández Anaya, del Juzgado Tercero de Distrito de Nayarit, mandata a las autoridades que “se abstengan de ejecutar o realizar cualquier tipo de construcción” en ese espacio, así como evitar demoler lo que aún queda en pie: la Escuela Superior de Música y Danza del Estado.

“Es otra muestra más de que cuando la ciudadanía se organiza, exige respeto y la no vulneración de sus derechos y va al lugar correspondiente, como es el Poder Judicial, este no tendrá otra respuesta más que darle la razón”, afirma José Hermosillo, abogado del despacho Artículo 27 S.C., que encabezó la estrategia jurídica tras la demolición del complejo. “Es una suspensión definitiva que dice que no se puede tocar la Ciudad de las Artes, no se puede demoler más y mucho menos se puede construir allí algo”, asegura.

El fallo determina que el Gobierno estatal no puede construir en la zona si no cuenta con los permisos, licencias, evaluaciones de impacto ambiental y de viabilidad entregados debidamente por las autoridades correspondientes, uno de los alegatos de quienes se oponen al estadio, porque afirman que el proyecto se ha manejado con mucha opacidad. El gobernador Navarro y su equipo no han presentado ni los permisos ni los estudios necesarios para demostrar que la obra es viable. La diputada Beatriz Navarro, de su propio partido, ha exigido que se detengan las obras y ha advertido de que “uno de los aspectos más preocupantes” del proyecto “es la falta de información clara, pública y verificable sobre su planeación, financiamiento, operación y administración”.

El gobernador ha dicho que el estadio, que llevaría el nombre de Nicolás Álvarez Ortega, un deportista local, es “parte del compromiso de su Administración por fortalecer la infraestructura deportiva” y dio por iniciada la demolición del centro en un acto oficial. Su proyecto tendría un costo de 300 millones de pesos y capacidad para reunir a 12.500 espectadores. Las autoridades locales no han respondido a las constantes solicitudes de información. “Lo que queda muy claro es que no tienen los permisos y eso es muy delicado. Tenemos una sentencia definitiva que impide a toda costa que se toque la Ciudad de las Artes, que logra que se preserve y que prohíbe construir cualquier cosa en ella”, agrega el abogado de Despacho 27.

Derecho a la cultura

Ese bufete, que ha trabajado en otros casos como el Tren Maya o la construcción de un viaducto elevado en Zacatecas (una obra de 3.600 millones de pesos que las autoridades judiciales también detuvieron), usó argumentos técnicos y constitucionales con el propósito de frenar la demolición. “Esta sentencia va a sentar un precedente para el Estado. Hacemos valer un derecho que está todavía un escalón arriba, que es el derecho intergeneracional a la cultura, que obliga a conservar y a proteger todo lo que son los bienes patrimoniales. El inmueble de Tepic es un patrimonio cultural que genera condiciones de desarrollo al sector de la cultura y eso lo hace relevante”, explica Hermosillo.

La sentencia de la jueza Hernández Anaya se da una semana después de que un juzgado de Nayarit ordenara la suspensión provisional de la construcción del estadio. El fallo de este lunes ha generado júbilo entre el grupo de artistas, ambientalistas y activistas que plantaron cara al gobernador y que han formado un colectivo nombrado “Ciudad de las Artes Resiste”. Mario Ortiz, ambientalista, considera que se trata de una derrota importante para el gobernador. “El Gobierno estatal actuó de manera autoritaria al no tomar en cuenta a la ciudadanía. Esto es un ejemplo de lo que puede hacer un movimiento de resistencia en contra de la demolición de su propio espacio”, dice. “El gobernador va a tener que obedecer, a menos que quiera convertirse en un delincuente. Pedimos que se reconstruya lo que se destruyó y que establezcan responsabilidades”, exige.

Entre los daños que estos activistas incluyen está la devastación de 195 árboles que formaban parte del complejo. “Queremos que se recuperen esos árboles y se planten más. El paso siguiente es exigir un proyecto integral en el tema de cultural y ambiente en ese espacio, porque este es también un llamado de atención para la protección de los recursos”, afirma Isaac Cárdenas, activista. “Es un claro ejemplo de que la ciudadanía organizada puede lograr muchísimo”, se felicita.