Los corruptos se aprovechan de la pandemia.

Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que estábamos viviendo una “temporada de zopilotes”. Criticaba de esta manera la morbosa insistencia de la “prensa amarillista” por saber cuántos muertos habrían en la fase más crítica de la pandemia, en lugar de destacar los esfuerzos que su gobierno está haciendo para erradicar la peste, “Sólo quieren contar muertos”, les reprochaba el primer mandatario.

Utilizar como metáfora la imagen de esta ave carroñera para denunciar el comportamiento desnaturalizado de algunos mexicanos es un recurso muy elocuente. Como sabemos el buitre es un animal que se alimenta de animales muertos.

Pero la crítica del presidente es válida no sólo para la prensa “amarillista”, aplica también para algunos políticos que están aprovechándose de la crisis sanitaria para hacer grandes negocios. Tal es el caso de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del controvertido Manuel Bartlett Díaz, actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a quien se acusa de haber obtenido al menos siete contratos con el gobierno federal por un total 162 millones de pesos. León Manuel Bartlett fue beneficiado con adjudicaciones directas, sin licitación o concurso, para que pudiera vender al IMSS, ISSSTE, Secretaria de la Defensa Nacional y Marina equipo médico. Mueve a sospecha que esta ventajosa operación comercial se haya realizado en tiempo record y que además casualmente se tratara de equipo médico que en estos momentos es tan necesario para atender a los enfermos de COVID-19. Me refiero a los famosos ventiladores mecánicos que resultan vitales para salvar enfermos que se encuentran en estado crítico y en riesgo de muerte.

El retoño de Bartlett vendió al gobierno federal ventiladores mecánicos casi al doble de lo que cuestan en el mercado (cada uno lo encajó en un millón 550 mil pesos, cuando el precio normal anda en los 800 mil pesos).

Hay indicios de que en esta compra hubo complicidades y tráfico de influencias que podrían involucrar a funcionarios del gobierno de la Cuarta Transformación (4T).

Consciente del daño que puede causarle un escándalo como este, el presidente López Obrador ya ordenó a Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, que haga una investigación a fondo. Congruente y para que no haya dudas puesto que el combate a la corrupción ha sido su bandera principal, el inquilino de Palacio Nacional señaló el pasado 4 de mayo: “…que se haga la investigación; llegamos aquí para limpiar de corrupción al gobierno. Y si resulta responsable esta persona, tiene que ser sancionado; igual el funcionario que entregó este contrato. No voy a permitir la corrupción, ni siquiera en mi familia”.

Muy bien por el presidente que con esta postura se muestra implacable frente a la corrupción. Ahora sólo hay que esperar que Irma Eréndira Sandoval no se convierta en tapadera de la familia Bartlett como lo hizo en diciembre de 2019 cuando exoneró al actual director de la Comisión Federal de Electricidad después de haber falseado información en su declaración patrimonial. En aquella ocasión Irma Eréndira concluyó luego de una mugrienta investigación que no había conflicto de interés o enriquecimiento ilícito cuando Manuel Bartlett omitió reportar todos los bienes que posee (25 propiedades con un valor aproximado de 800 millones de pesos).

Conclusión: Prueba de fuego para el gobierno de la Cuarta Transformación (4T).

CARAS Y CARETAS.

En voz de Porfirio Muñoz Ledo, decano legislador y uno de los parteros de la 4T: “El imperio de la corrupción se instaló en la pandemia; hay evidencias del trafique de insumos esenciales para atacar el Covid-19”. (6 de mayo de 2020).