Refuerzan capacitación y control a operadores del transporte público ante llegada de la Red Metro

Con la próxima llegada de la Red Metro, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del estado anunció el fortalecimiento de las acciones de control, capacitación y evaluación dirigidas a los operadores del transporte público, lo que incluye la ampliación del área de atención ciudadana y la creación de una nueva área de registro.

En la pasada visita que realizó a Rioverde la titular de la dependencia, Aracelita Martínez Acosta, informó que estas medidas forman parte de un programa integral que contempla una mayor capacitación para los operadores, así como la aplicación de exámenes psicométricos, con el objetivo de garantizar que quienes prestan el servicio cuenten con el perfil adecuado.

Explicó que, cuando a través de estas evaluaciones se detecta alguna situación relacionada con la personalidad o conducta del operador, se les canaliza a cursos de capacitación específicos y, en casos necesarios, se procede a la suspensión temporal o definitiva de las licencias, cuando se determina que no son aptos para la prestación del servicio de transporte público.

En este contexto, la funcionaria señaló que la capacitación constante también contribuye a prevenir situaciones de acoso o altercados con los usuarios, ya que existe una comunicación permanente con los operadores para fomentar una verdadera vocación de servicio. Detalló que anteriormente se impartía una capacitación anual, mientras que ahora se implementará una serie de cursos de manera continua para elevar la calidad del servicio.

Asimismo, adelantó que se impulsará un programa de certificación para operadores, con el propósito de que la ciudadanía pueda identificar a quienes cuentan con certificaciones en distintas áreas relacionadas con la prestación del servicio.

En cuanto a sanciones, Martínez Acosta indicó que en la Zona Media se tiene actualmente un operador inhabilitado, al que se le retiró la licencia. Añadió que la SCT mantiene coordinación con la Fiscalía General del Estado para suspender de manera temporal los derechos de los operadores cuando existe algún indicio, sospecha o investigación en curso.