Martes 8 de junio de 2021.
Las elecciones del pasado domingo han dibujado un nuevo mapa político en San Luis Potosí. Ha ocurrido una nueva distribución del poder. Hay una nueva correlación de fuerzas. Diferentes actores políticos dominarán la escena. Así lo decidieron los ciudadanos el domingo 6 de junio.
Si se aceptan las tendencias que arroja el Programa de Resultados Preliminares (PREP) que ha dado a conocer el INE y el CEEPC, la Coalición “Sí por San Luis” estaría perdiendo la gubernatura. De confirmarse el triunfo de la alianza “Juntos Haremos Historia” conformada por los partidos Verde Ecologistas y Partido del Trabajo seríamos testigos de un fenómeno que es muy común en las democracias maduras, “la alternancia en el poder”. No es la primera vez que esto ocurre en nuestro estado, en 2003 el PAN con su candidato a gobernador Marcelo de los Santos Fraga realizó la hazaña derrotando al PRI. Sólo que ahora serían otros partidos los que estarían consiguiendo la alternancia. Un fenómeno como este debe considerarse como parte de la “normalidad democrática”, independientemente de que la legalidad del triunfo de Ricardo Gallardo esté siendo discutida. Si hay algo irregular en su triunfo los Tribunales Electorales y el INE tendrán que decirlo.
El candidato de la coalición “Sí por San Luis”, Octavio Pedroza Gaytán, no ha aceptado los resultados del PREP y es un hecho que acudirá a los tribunales electorales para obligar a un conteo de “voto por voto y casilla por casilla”[G1] . Pedroza buscará anular el triunfo de su adversario. La judicialización de la elección de gobernador está cantada, comenzará en las próximas horas, una vez que el CEEPC entregue la constancia de mayoría a Ricardo Gallardo Cardona. Esta controversia patrocinada por los partidos de la Coalición “Sí por San Luis” es legítima. Cuando algún candidato considera que tiene los elementos de prueba para pedir la anulación de un triunfo, puede acudir a pedir justicia electoral ante los tribunales especializados de la materia. Para eso fueron creados, para que cualquier controversia se resuelva por la vía institucional y no en las calles o con actos de resistencia civil. La democracia favorece precisamente que el conflicto y la incertidumbre se institucionalicen. Así que la judicialización de las elecciones es parte también de la “normalidad democrática”. Pero en algún momento, antes del 26 de septiembre, día en que debe tomar protesta el nuevo gobernador esta disputa terminará, sino es que antes.
Quién llegue a Palacio de Gobierno debe estar consciente que va a gobernar la pluralidad. Gobernador sólo habrá uno (todo indica que será Ricardo Gallardo Cardona) eso no quiere decir que podrá gobernar en solitario, sin contrapesos y a capricho. Hay otras fuerzas políticas y liderazgos sociales que harán valer su poderío. Los frenos y contra pesos pueden surgir desde el Congreso del estado (Habrá 14 diputados locales de oposición) o desde las alcaldías que no ganó la coalición “Juntos Haremos Historia” (Verde-PT). Existen además poderes de facto, grupos de opinión y de presión que también podrían complicar la gobernabilidad del estado si se les agravia y no es tomada en cuenta. Hay que sumar adicionalmente el peso específico que tiene la opinión pública que también presiona, denuncia y frena el mal ejercicio de gobierno a través de los contenidos y líneas editoriales de televisión, redes sociales y periódicos tradicionales y digitales. De igual forma estará presente la sociedad civil organizada que no puede ser ignorada o avasallada. Debe tomarse en cuenta que en donde se ejerce poder, hay resistencia al poder y la sociedad civil potosina ha dejado testimonio que ante los abusos o excesos de la autoridad sabe responder y revertir decisiones arbitrarias.
Por eso el nuevo gobernador tendrá que practicar una política de diálogo e inclusión. Evitar la arbitrariedad y el abuso sin no quiere despertar al México Bronco. La polarización que ha provocado la competencia electoral puede suavizarse con un ejercicio de gobierno responsable, equilibrado y democrático. En esta coyuntura se ocupan demócratas y no tiranos para conseguir una gobernabilidad democrática.
Cosas buenas y malas se dicen de Ricardo Gallardo Cardona, pero no lo conocemos aún en su faceta de gobernador. Si se confirma su triunfo seremos testigos en los próximos meses de la emergencia de un nuevo estilo personal de gobernar. Habrá muchos actores políticos locales y nacionales que estarán vigilando su actuación. Gallardo estará a prueba y tendrá la oportunidad de legitimarse en el ejercicio del cargo o desgastarse si hace mal las cosas.
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