Con pendientes en cuanto a la reparación integral del daño y medidas de protección para la familia, y sobre todo el de justicia, se llega al octavo aniversario luctuoso de Karla Pontigo Lucciotto.
Este 29 de octubre se cumplen ocho años del fallecimiento de Karla, cuya investigación estuvo plagada de irregularidades, Esperanza Lucciotto, madre de Karla, fue obligada a aceptar la donación de órganos de su hija para que se iniciaran las investigaciones, hubo manipulación y alteración de la investigación, la obstaculización de su participación en la aportación de pruebas por parte del personal ministerial, pericial y policial, así como la pérdida o contaminación deliberada de pruebas vitales para la investigación.
La investigación inicial concluyó que la muerte de Karla había sido ocasionada porque la joven se había estrellado contra una puerta de vidrio, pese a que el cuerpo de la joven tenía huellas de violencia, esto llevó a la madre de Karla a recurrir a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), que el año pasado ordenó reponer la investigación con perspectiva de género y que se investigue y sancione a las autoridades involucradas en las irregularidades que se dieron durante el proceso inicial.
Aunque ya fue designada la fiscal especial para realizar esta nueva investigación, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho A.C., asesora de Esperanza Lucciotto, destacó que para que se cumpla verdaderamente la sentencia del máximo tribunal, se requiere voluntad política sin reserva, condiciones y recursos materiales institucionales, un equipo de investigación técnicamente capacitado y conocedor del tema de violencia de género, acceso a la información, colaboración interinstitucional, participación activa y segura de las víctimas y sus representantes.
También destacó que preocupa la falta de cumplimiento de las medidas de protección para la familia por parte del Secretario de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, a quien se le han solicitado en múltiples ocasiones las medidas de forma integral, e hizo un llamado al Gobernador del Estado para que ordene al Secretario de Seguridad la protección integral de la familia y garantice que cuente con los recursos necesarios para que logre la justicia y la reparación integral.
Igualmente plantea el reto que tienen las autoridades municipales y estatales, así como la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) para llevar a cabo la reparación integral del daño, lo cual implica sancionar a los responsables, generar condiciones para que los hechos no se repitan y que la Fiscalía cuente con las condiciones y procedimientos adecuados para investigar casos de feminicidio.
Aunque reconoce que el proceso de reparación simbólica impulsado por la Instancia de las Mujeres del ayuntamiento capitalino es un paso relevante para el reconocimiento de lo ocurrido, destaca que no sustituye el proceso formal de reparación integral del daño, que tendrá que formalizarse a través de la CEEAV, lo cual sigue siendo un pendiente.
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