Las y los integrantes de la Comisión de Hacienda del Estado aprobaron el dictamen que reforma la Ley de Hacienda del Estado y la Ley de Tránsito del Estado, con el propósito de armonizar ambas disposiciones legales y establecer un mismo criterio para el trámite de placas, tarjeta de circulación y engomado de control vehicular de vehículos nuevos.
La presidenta de la comisión, diputada María Dolores Robles Chairez, quien además promovió la iniciativa, explicó que la reforma corrige una contradicción entre ambos ordenamientos, ya que la Ley de Hacienda establece un plazo de 15 días posteriores a la adquisición del vehículo para realizar el trámite, mientras que la Ley de Tránsito señala un periodo de 30 días.
Indicó que, para resolver esta diferencia, se consultó a la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, instancia que confirmó que el plazo aplicado en la práctica es de 15 días, conforme a lo previsto en la Ley de Hacienda.
"Existía una antinomia jurídica porque ambas leyes establecían plazos distintos para el mismo trámite. Con esta reforma se elimina esa contradicción y se brinda certeza a la ciudadanía", señaló la legisladora.
Asimismo, explicó que el dictamen también actualiza la terminología utilizada en la Ley de Tránsito, al sustituir el término "calcomanía" por "engomado de control vehicular", que es la denominación correcta del documento expedido por la autoridad.
Con estas modificaciones, la Ley de Tránsito remitirá a lo establecido en la Ley de Hacienda del Estado respecto al plazo para obtener las placas, la tarjeta de circulación y el engomado de control vehicular de vehículos nuevos, evitando duplicidades y posibles interpretaciones contradictorias.
El dictamen será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su análisis y, en su caso, aprobación.
Durante la misma sesión, la Comisión de Hacienda dio cuenta de tres asuntos turnados para su estudio: una iniciativa de reforma a la Ley de Tránsito del Estado; un punto de acuerdo dirigido al Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y a la Secretaría de Finanzas, relacionado con pagos pendientes de proyectos de investigación previamente aprobados; y una iniciativa para expedir la Ley para la Prevención Combinada y Atención Integral del VIH e Infecciones de Transmisión Sexual del Estado.
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