Los municipios de San Luis Potosí podrían fortalecer sus servicios de salud mental con atención psiquiátrica especializada, medicamentos y módulos municipales, de aprobarse una iniciativa presentada por la diputada Dulcelina Sánchez de Lira.
La propuesta plantea reformar disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre y de la Ley de Salud Mental del Estado y Municipios de San Luis Potosí, con el objetivo de avanzar de un modelo centrado principalmente en atención psicológica hacia un esquema integral que incorpore progresivamente servicios médicos de psiquiatría.
La legisladora señaló que, aunque la legislación estatal reconoce el derecho a una atención integral en materia de salud mental, las capacidades de los municipios son actualmente limitadas y en muchos casos los servicios se concentran en atención psicológica básica, principalmente a través de los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
De acuerdo con la propuesta, esta situación dificulta brindar atención especializada y seguimiento a personas que requieren tratamiento psiquiátrico, particularmente aquellas que presentan trastornos mentales graves.
Por ello, la reforma plantea que los programas municipales estén dirigidos a la población en general y reconozcan la salud mental como un derecho, no solamente como una acción de asistencia social.
Entre los cambios propuestos se contempla que los municipios cuenten con profesionales especializados en psicología y que gestionen o incorporen progresivamente servicios de atención médica psiquiátrica bajo la supervisión técnica de la Secretaría de Salud.
Uno de los puntos centrales consiste en establecer que los ayuntamientos celebren convenios con la Secretaría de Salud para la asignación y capacitación de personal especializado en psiquiatría.
La propuesta también contempla mecanismos para garantizar el suministro de medicamentos psiquiátricos incluidos en el cuadro básico, así como la posibilidad de establecer módulos o centros municipales especializados en atención a la salud mental.
De igual manera, los ayuntamientos tendrían facultades y obligaciones para promover e implementar servicios de prevención, atención médica psiquiátrica y acompañamiento psicológico, además de establecer convenios con los Servicios de Salud del Estado y con la Federación.
La iniciativa pretende que los municipios tengan mayores herramientas para atender de manera oportuna a personas que requieren servicios de salud mental, así como fortalecer la prevención y el seguimiento de los casos que necesiten atención especializada.
La propuesta fue turnada a las comisiones de Salud y Asistencia Social; y de Régimen Interno y Asuntos Electorales, donde será analizada para determinar su viabilidad y, en su caso, elaborar el dictamen correspondiente.
De aprobarse, los cambios representarían una modificación en la manera en que los municipios participan en la atención de la salud mental, al incorporar de manera progresiva servicios especializados que actualmente no están disponibles de forma permanente en muchos ayuntamientos.
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