La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobó por unanimidad un dictamen de reforma a la Constitución Política de San Luis Potosí para establecer requisitos específicos para quienes aspiren a ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE).
La propuesta, presentada por la diputada María Leticia Vázquez Hernández, busca eliminar la disposición que actualmente establece que la persona titular de la Fiscalía debe reunir los mismos requisitos previstos para ocupar una Magistratura del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputada Ana María de la Cruz Olvera, explicó que esta modificación resulta necesaria a partir de los cambios derivados de la reforma judicial, tanto a nivel federal como estatal, que modificaron el régimen de integración y los requisitos para quienes ocupan cargos dentro del Poder Judicial.
Señaló que la persona titular de la Fiscalía General del Estado tiene una naturaleza jurídica, funciones y proceso de designación distintos a los de las personas juzgadoras, por lo que ya no resulta conveniente mantener una remisión constitucional a los requisitos establecidos para las magistraturas.
FGE tendrá requisitos propios
Con la reforma, los requisitos para acceder a la titularidad de la Fiscalía General del Estado quedarían establecidos directamente en el artículo 122 Bis de la Constitución local, lo que, de acuerdo con el dictamen, permitirá dar mayor certeza jurídica y autonomía normativa al órgano constitucional autónomo.
Entre los requisitos propuestos se establece que la persona aspirante deberá:
- Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
- Tener al menos 35 años de edad al momento de la designación.
- Contar con título profesional de licenciatura en Derecho y cédula profesional con una antigüedad mínima de cinco años.
- Haber residido en San Luis Potosí durante los dos años anteriores a la designación.
- Acreditar por lo menos cinco años de trayectoria profesional en el ámbito jurídico, ya sea en procuración de justicia, litigio, docencia, investigación jurídica, servicio público o asesoría legal.
La propuesta también establece restricciones relacionadas con antecedentes de violencia y delitos sexuales, así como con responsabilidades administrativas.
No podrán acceder al cargo quienes hayan recibido sentencia condenatoria firme por violencia familiar o delitos contra las mujeres por razón de género, ni por delitos contra la libertad sexual, seguridad sexual o el normal desarrollo psicosexual.
Tampoco podrán ser designadas las personas inscritas en el padrón de deudores alimentarios morosos, ni quienes hayan sido sancionadas mediante resolución firme por faltas administrativas graves o se encuentren inhabilitadas para desempeñar cargos públicos.
También se establecen restricciones políticas
El dictamen contempla además límites para evitar que personas que hayan ocupado determinados cargos públicos o posiciones partidistas puedan acceder inmediatamente a la titularidad de la Fiscalía.
De aprobarse la reforma, no podrá ser designada una persona que haya ocupado la Gubernatura del Estado, una diputación local o una Presidencia Municipal durante el año inmediato anterior a la designación.
También se establece que no podrá acceder al cargo quien haya ocupado la dirigencia de un partido político durante los tres años previos.
La diputada Ana María de la Cruz Olvera sostuvo que la reforma no modifica el procedimiento constitucional para designar a la persona titular de la Fiscalía General del Estado, ni altera el equilibrio entre los poderes públicos y los órganos constitucionales autónomos.
El dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales será presentado ante el Pleno del Congreso del Estado, donde deberá ser analizado y sometido a votación para continuar con el proceso legislativo correspondiente.
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