Para facilitar la consulta y fortalecer el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, la diputada Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez propuso que el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas sea de acceso público, gratuito y pueda consultarse de manera permanente a través de internet.
La iniciativa plantea adicionar el artículo 167 Septies al Código Familiar del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer los mecanismos para hacer efectivo el derecho a recibir alimentos, particularmente bajo el principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes.
De acuerdo con la propuesta, el padrón, cuya administración corresponde al Poder Judicial del Estado, deberá estar disponible mediante una plataforma digital oficial que permita realizar consultas de manera sencilla, ágil, clara y gratuita.
Además, no sería necesario acreditar un interés jurídico para consultar la información contenida en el registro.
La iniciativa también plantea que el padrón se mantenga permanentemente actualizado, incorporando de manera oportuna las altas, bajas y modificaciones que deriven de resoluciones judiciales.
Solo aparecería el nombre de la persona deudora
Uno de los puntos centrales de la propuesta es establecer límites a la información que podría difundirse.
El padrón únicamente contendría el nombre y apellidos de la persona deudora alimentaria morosa, mientras que quedaría prohibida la incorporación, difusión o consulta de cualquier otro dato personal que resulte innecesario para los objetivos del registro.
La propuesta busca así equilibrar la necesidad de dar publicidad al incumplimiento de obligaciones alimentarias con la protección de los datos personales.
La legisladora señaló que el padrón tiene como finalidad registrar, por mandato de una autoridad judicial, a las personas que están obligadas a proporcionar alimentos —ya sean provisionales o definitivos— y que incumplen con esa obligación establecida mediante una resolución firme.
En su exposición de motivos, Martínez Vázquez sostuvo que, pese a que el derecho a la alimentación está protegido por la legislación nacional y diversos tratados internacionales, persiste el incumplimiento de obligaciones alimentarias, lo que obliga a las personas acreedoras a recurrir a las autoridades judiciales para exigir su cumplimiento.
La iniciativa busca fortalecer precisamente esos mecanismos de exigibilidad mediante una mayor accesibilidad al padrón y una consulta pública que permita conocer de manera sencilla a las personas registradas.
La propuesta fue turnada a la Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado, donde será analizada antes de determinar si continúa con el proceso legislativo.
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