El Congreso del Estado analiza una iniciativa para fortalecer el combate al abuso sexual mediante la ampliación de las circunstancias que agravan este delito, con el propósito de imponer sanciones más severas en casos donde las víctimas se encuentren en mayor condición de vulnerabilidad.
La propuesta fue presentada por la diputada Ma. Sara Rocha Medina.
La iniciativa plantea reformar el artículo 178 del Código Penal del Estado para establecer nuevas agravantes cuando el abuso sexual sea cometido por una persona que se aproveche de su profesión, empleo, cargo o comisión; cuando la víctima sea una mujer embarazada o se encuentre en periodo de puerperio; cuando exista una relación de confianza, parentesco, laboral, educativa, deportiva o religiosa; o cuando el delito sea motivado por razones de orientación sexual, identidad de género o expresión de género.
📌 EN RESUMEN
La iniciativa propone:
🔹 Ampliar las agravantes del delito de abuso sexual en el Código Penal de San Luis Potosí.
🔹 Endurecer las sanciones cuando el agresor se aproveche de su profesión, empleo, cargo o comisión.
🔹 Brindar mayor protección a mujeres embarazadas o en periodo de puerperio.
🔹 Considerar como agravantes los casos en que exista una relación de confianza, parentesco, autoridad, laboral, educativa, deportiva o religiosa entre el agresor y la víctima.
🔹 Precisar que el consentimiento no puede presumirse por el silencio, la pasividad o la falta de resistencia física de la víctima.
🔹 Garantizar la reparación integral del daño, incluyendo atención psicológica especializada para la víctima.
También propone precisar que constituyen abuso sexual los actos realizados sin consentimiento, como tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales, además de obligar a una persona a observar o ejecutar actos de naturaleza sexual o exhibir su cuerpo.
La iniciativa señala que el consentimiento no podrá presumirse por el silencio, la pasividad o la falta de resistencia física de la víctima.
Además de las penas de prisión y económicas ya previstas en la ley, la propuesta contempla que los responsables deban asistir a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia, así como prestar servicio social en favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública.
En los casos en que el agresor aproveche el ejercicio de una profesión para cometer el delito, también se plantea la inhabilitación para ejercerla durante un periodo equivalente al de la pena de prisión.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia para su análisis.
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