Congreso de SLP endurece medidas para proteger a los adultos mayores contra el abuso y la explotación

Con el objetivo de reforzar la protección de los derechos de las personas adultas mayores, el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado de San Luis Potosí, que amplían las medidas para prevenir y sancionar cualquier forma de abuso, explotación, discriminación o violencia.

Las modificaciones fortalecen el artículo 11 Bis de la legislación estatal para establecer con mayor claridad las obligaciones de las familias y de quienes mantienen una relación directa con las personas adultas mayores, con el propósito de garantizarles un trato digno, respetuoso y libre de cualquier tipo de maltrato.

Entre los principales cambios se encuentra la ampliación del catálogo de conductas que deberán prevenirse y atenderse, incluyendo actos de discriminación, abuso, explotación, aislamiento o cualquier práctica destinada a obligar, presionar o inducir a una persona adulta mayor a realizar actos de mendicidad, trabajos forzados o actividades que pongan en riesgo su dignidad, salud o bienestar.

La reforma también considera como conductas prohibidas aquellas acciones u omisiones que afecten la integridad física, psicológica o patrimonial de las personas adultas mayores, como el despojo de bienes, la retención indebida de recursos económicos, la suplantación de identidad o la celebración de actos jurídicos que vulneren sus derechos.

Además, establece que cualquier hecho que pueda constituir alguna de estas conductas deberá denunciarse de inmediato ante la autoridad competente para activar los mecanismos de protección e investigación correspondientes.

Otro de los cambios aprobados es la modificación al artículo 45 de la misma ley, con el propósito de fortalecer el régimen de sanciones y garantizar que quienes atenten contra la integridad, el patrimonio o la dignidad de las personas adultas mayores reciban las sanciones previstas en la legislación vigente, de acuerdo con la gravedad de la falta.

Con estas reformas, el Congreso del Estado busca fortalecer el marco legal para proteger a este sector de la población y armonizar la legislación local con los principios constitucionales de derechos humanos y los tratados internacionales en la materia.