MARCO ANTONIO MARTÍNEZ.
Vía: La Silla Rota.
Entre 2022 y el 30 de junio pasado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha puesto en marcha 216 operativos en el Estado de México, sin embargo, no se ha contenido la tala clandestina y apenas el fin de semana anterior un ciclista documentó cómo un camión de carga llenaba su plataforma de árboles cortados ilegalmente en los senderos del Nevado de Toluca.
Información de la Profepa entregada a La Silla Rota vía transparencia muestra que a partir de la conformación de la mesa de trabajo contra la tala ilegal, cada año se ha incrementado el número de operativos forestales en el Estado de México: en 2022 fueron 23; en 2023, 41; en 2024, 63; en el 2025, 64; y en el presente año hasta el 30 de junio se han realizado 25.
Los operativos buscan localizar aserraderos que cortan los troncos y venden la madera a mueblerías o fábricas, pero también para detectar camiones que transportan mercancía forestal ilegal.
En el Estado de México se registran gran parte de las denuncias por tala ilegal. De acuerdo con información de la procuraduría, hasta febrero del año pasado, de las 10 mil 371 denuncias que había entre 2019 y el segundo mes de este 2026, mil 274, casi la décima parte, se concentraban en la entidad mexiquense, que sólo estaba detrás de Michoacán, con 1 mil 497.
Ocoyoacac: epicentro de los operativos
En Ocoyoacac y municipios aledaños se han realizado cinco operativos forestales en contra de la tala clandestina.
Se trata del mismo lugar en el que el 15 de junio pasado habitantes del pueblo de San Pedro Atlapulco incendiaron tres camionetas en la carretera México-Toluca, presuntamente pertenecientes a talamontes. En esa ocasión, los inconformes les pidieron a las autoridades proteger las cinco mil 750 hectáreas de su bosque.
En promedio se han realizado 54 operativos por año desde 2022, cuando se conformó la mesa de trabajo que consiste en hacer inspecciones a aserraderos, recorridos de vigilancia forestal, filtros de revisión al transporte de materias primas forestales, cambios de uso de suelo y coadyuvancias con la Fiscalía General de la República, a partir de denuncias penales interpuestas por la Profepa.
Tala ilegal se recrudece
El negocio de la tala clandestina genera pérdidas ambientales enormes y grandes ganancias para los grupos organizados que la cometen, de acuerdo con el estudio “Estimación de las pérdidas económicas por la tala ilegal en México”.
El documento, elaborado por la Secretaría del Medio Ambiente y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, informa que tan sólo en 2020 México perdió 127 mil 770 hectáreas de bosque, una deforestación superior a la del periodo 2010-2015, que fue de 91 mil 600 hectáreas.
Entre 2018 y 2020 se atendieron mil 514 denuncias en materia forestal, de las cuales mil 179 fueron por tala ilegal, según estadísticas de la Profepa que cita el estudio.
Los principales delitos
Los principales delitos que se cometen con la tala ilegal son los siguientes: “lavado” de madera ilegal a través de compañías agrícolas o forestales que usan prestanombres; fraudes y declaraciones para ocultar las actividades ilegales y la evasión fiscal.
El Código Penal Federal establece que se impondrá pena de 2 a 15 años de prisión y de 500 a 10 mil días de multa a quien desmonte o destruya vegetación, corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o cambie el uso de suelo forestal en comunidades indígenas, zonas agrarias, comunales y/o ejidales.
Los impactos de esta actividad ilícita son los siguientes:
- Escenario conservador, 30% del consumo aparente es ilegal. El estudio dice que la Profepa estimaba en 2013 que la madera ilegal representa 30% del volumen anual autorizado en el país.
- Escenario intermedio, 50% del consumo aparente es ilegal. De acuerdo con información del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, se estima que al menos la mitad de la madera que se comercializa en el mercado nacional tiene un origen ilegal.
- Escenario pesimista, 70% del consumo aparente es ilegal. En el informe “El Estado que Guarda el sector Forestal en México 2019” de la Comisión Nacional Forestal, cita un dato de la Profepa, según el cual la ilegalidad es del 70%.
Otro dato que arroja el estudio es que los ingresos no percibidos por la economía formal se estiman entre 41 mil y 97 mil millones de pesos anuales (en pesos constantes de 2018).
“Estos valores son 4 y 9 veces más grandes que el valor de la producción legal en México. En términos fiscales las pérdidas oscilan entre 8.8 mil y 20.7 mil millones de pesos al año.
Además, un impacto social que deja la tala ilegal es que aumenta la violencia e inseguridad en las comunidades forestales por la presencia del crimen organizado; puede ser causa y efecto de conflictos agrarios; causa desplazamientos de la población y presión urbana; perjudica las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y sus derechos sobre las tierras, sus medios de subsistencia y su capacidad para proteger el bosque.
Contexto
En Ocoyoacac y municipios aledaños se han realizado cinco operativos forestales en contra de la tala clandestina.
Se trata del mismo lugar donde el 15 de junio pasado habitantes del pueblo de San Pedro Atlapulco incendiaron tres camionetas presuntamente pertenecientes a talamontes, en la carretera México-Toluca, a la altura de El Zarco. En esa ocasión, los inconformes les pidieron a las autoridades proteger las 5 mil 750 hectáreas de su bosque.
En promedio se han realizado 54 operativos por año desde 2022, cuando se conformó la mesa de trabajo que consiste en hacer inspecciones a aserraderos, recorridos de vigilancia forestal, filtros de revisión al transporte de materias primas forestales, cambios de uso de suelo y coadyuvancias con la Fiscalía General de la República, a partir de denuncias penales interpuestas por la Profepa.
Apenas el 10 de julio pasado la procuraduría informó sobre un megaoperativo contra la tala ilegal en 25 estados donde participaron las secretarías de Medio Ambiente, Gobernación, de la Defensa Nacional, así como la Guardia Nacional, los gobiernos y policías estatales, y las fiscalías generales de Justicia locales.
En el caso del estado de México el operativo abarcó los municipios de Zinacantepec, que forma parte de la zona Sierra Nevado de Toluca; Ocuilan, que integra el Bosque de Agua, y Metepec.
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